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Hoy se
cumplen 23 meses del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y estamos
a punto de cumplir el 2do. aniversario de su siembra. En estas fechas se
recuerda a la compañera y muchas personas tienen la inquietud de qué tanto se
ha avanzado en el caso a casi dos años de su asesinato y qué es lo que en
Honduras ha cambiado con el develamiento de numerosas violaciones a los DDHH
por parte de las empresas extractivas y las que lucran con la producción de
energía.
Al día
de hoy el COPINH sigue librando la lucha por la justicia integral proponiéndose
como un primer paso el romper el cerco mediático alrededor de su caso y
afrontar las sendas irregularidades que permean el proceso.
En mayo
de este año se vence* la prisión preventiva de las 8 personas que fueron
detenidas en el 2016 como autores materiales y algunas intermedios entre los
que destacan un empleado de la empresa DESA, Sergio Rodríguez y un mayor de las
fuerzas armadas que coordinó la ejecución del asesinato, Mariano Díaz que
además fungía como instructor de la Policía Militar de Orden Público.
A estas
alturas el Ministerio Público hondureño y las autoridades de justicia empiezan
a dar “manotadas de ahogado” para avanzar en el caso y cerrarlo con la
culminación de la sentencia de ya detenidos. Se estima que para mediados de año
se realice el debate final del caso. Sin embargo la organización, el pueblo de
Honduras y la comunidad internacional siguen insatisfechas por la nulidad de
acciones para capturar a los autores intelectuales que vinculan a la poderosa e
intocable oligarquía hondureña.
Hay que
destacar que el día de hoy se celebra una audiencia de juramentación de dos
peritos propuestas por el Ministerio Público para hacer análisis de
extracciones telefónicas y de información financiera en el Tribunal de
Sentencias de jurisdicción Nacional en el cual el caso se mantendrá hasta el
cierre.
Sobre el
segundo punto de lo que ha cambiado en Honduras luego de su muerte puede
decirse que muy poco. La concesión sigue en manos de la represa hidroeléctrica
ferozmente defendida no solo por la empresa privada, sino que también por los
productores de energías renovables que siguen sembrando el odio contra las
organizaciones que desafían la instalación de un sin número de proyectos de
muerte y les arruinan el lucrativo negocio.
El
gobierno pretende resolver la inseguridad de las empresa nacionales y
transnacionales de invertir en este negocio aprobando una tramposa Ley que
reglamente el derecho de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos
Indígenas (CPLI) pero no se atreve a dar el paso final luego del fuerte
cuestionamiento nacional e internacional.
Las
estructuras de poder que protegen el proyecto de muerte contra el que luchó
Berta Cáceres se reafirman con el fraude electoral realizado para el
continuismo de los mismo y la protección de los intereses económicos privados.
Lo que
Berta Cáceres le aportó al ahora de Honduras es el levantamiento popular
nacional que sigue sin darse por vencido para pensar lo que Berta Cáceres
estaría pensando ahora: la refundación de Honduras que no la hará ningún
presidente, sino que la hará el pueblo, el mismo que no se rindió en las calles
aun enfrentando la violencia militar y sus armas asesinas y que será el único
camino de cambio profundo para Honduras.
Mientras
tanto el COPINH convoca al Encuentro “25 años por la Vida y la Justicia” para
este 22, 23 y 24 de marzo y profundizar
sobre el caso de los compañeros Berta y Gustavo y hablar del recorrido de lucha
y del futuro del proyecto de Berta en un país que lo amerita más que nunca.
*La
prisión preventiva puede ser prorrogada una única vez a 6 meses más, lo que
daría como límite noviembre de este año.
Equipo de comunicación del COPINH
